Por Leslie Ayala / La Nación

Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar $25 millones

Patio 29: ordenan indemnizar por identificación errónea
La compensación para la familia de Patricio Duque Orellana, secuestrado en Paine, es la primera demanda que se ratifica a favor de familiares de víctimas de la dictadura que fueron mal individualizadas por el SML.

 

El SML aseguró haber identificado a Patricio Duque entre los restos hallados en la fosa clandestina del patio 29.

Pablo Duque Escobedo (36) nunca conoció a su padre, el obrero agrícola Patricio Duque Orellana, ya que estaba en el vientre materno cuando militares entraron a su casa en Paine y lo secuestraron en octubre de 1973 tras el golpe militar. Nunca más supo de su progenitor hasta que en 1994 el Servicio Médico Legal (SML) aseguró haberlo identificado entre los restos hallados en la fosa clandestina del patio 29 del Cementerio General, situación que devolvió en parte el sosiego a esta familia.

Sin embargo, en 2003 a raíz de nuevas investigaciones Pablo, su madre Mercedes y sus hermanos José y Rebeca volvieron a sufrir la pérdida de Duque al enterarse que los restos fueron mal identificados y las osamentas no correspondían a él sino a otra persona sufriendo así un enorme daño emocional.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago -en resolución dividida- ratificó por primera vez que el Estado de Chile es el responsable de estos perjuicios y por ende lo condenó a cancelar el monto indemnizatorio de $25 millones a estos familiares como forma de reparación. El fallo establece que se deben cancelar $10 millones a Rebeca Escobedo Carreño (cónyuge de la víctima) y $5 millones a cada uno de los tres hijos de este matrimonio.

"El Estado no cumplió debidamente con la obligación que le asistía, toda vez que procedió a entregar a los familiares los restos óseos de un tercero, como si ellos correspondieran al pariente de ellos motivado por pericias erróneas elaborados por funcionarios de esa repartición", versa la resolución. Asimismo, se hace cargo de que la entidad legista en esa época no contaba con los medios necesarios para dar certeza en un 100% a la identificación de restos óseos y que incluso los procesos entregaban un 91% de certeza. A pesar de esto, los ministros Alfredo Pfeiffer y Mario Rojas fueron del parecer de acceder al pago por el daño moral causado a las familias, quienes sólo 10 años después supieron que los restos sepultados no eran de su pariente.

Nunca más

El director del SML, Patricio Bustos, tras lamentar institucionalmente lo ocurrido en 1994, aseguró que en Chile nunca más ocurrirá un caso como el descrito pues "estamos realizando todas las actividades relacionadas con el proceso identificatorio, con los máximos estándares internacionales que existen hasta el día de hoy y que por supuesto no existían en esa época ni en el país ni en el mundo".

Destacó que el SML está trabajando este tema con un comité de expertos internacionales que se reúne dos o tres veces al año en el país y están haciendo un seguimiento de estos procesos con las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura

Reiteró la importancia de la recolección de tomas de sangre de familiares de víctimas de la dictadura que está desarrollando la entidad en miras de crear un banco de muestras a favor de la identificación de cuerpos hechos desaparecer. De esta forma hizo un llamado a quienes aún no acuden a la entidad a contactarse gratuitamente al 800 440 700 para mayor información.